Desde la niñez, el individuo se reconoce a sí mismo cómo niño o niña, además, de diferenciar que actividades son adecuadas según su género, entendiendo por adecuado la respuesta a las prescripciones que describen el comportamiento ya sea masculino o femenino en una determinada cultura. En este ámbito cultural, es difícil percibir nuestras actitudes sexistas y por eso, las transmitimos de forma inconsciente. Estas percepciones, deberían ser analizadas y evaluadas desde la óptica educativa para incitar a la reflexión personal y a la toma de decisiones en la línea de prácticas sociales más equitativas.
La educación debe ser considerada cómo una de las actividades humanas con mayor trascendencia e impacto en la sociedad. Además, está obligada a ofrecer una formación integral, libre y responsable, apta como preparación real para la vida diaria y que pueda dar respuesta a las necesidades de la dicha sociedad. Esta educación, como derecho público, debería estar presidida por el principio de la equidad. Para eso, las estrategias compensadoras tendrían que ser reforzadas para conseguir una mayor igualdad y el desarrollo pleno e integral del alumnado, sin renunciar a la calidad educativa. Este principio debería estar garantizado en todo momento por un sistema educativo que fomente una escuela inclusiva que cuente con los medios y recursos necesarios para hacer efectiva las finalidades establecidas.
Para tal fin, se debe de fomentar la diferenciación entre paridad e igualdad de género, ya que estos términos no significan lo mismo en educación. El primero, es un concepto puramente numérico, que implica tener la misma proporción de niños y de niñas en el sistema educativo. El segundo, más complicado de delimitar, significa tener a alumnos y alumnas disfrutando de las mismas ventajas en términos de acceso y tratamiento educacional, favoreciendo la igualdad de oportunidades de manera permanente.
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