Dado que se trata de una materia interdisciplinar, en la que concurren Derecho penal y Derecho Administrativo, pero en la que los principios del Derecho Administrativo Sancionador provienen en esencia de los del Derecho penal, se ha creído conveniente otorgar un mayor peso a la primera de las materias, de modo que -además de haber un reparto del 80%-20% en las clases presenciales- existirá un 80-20% en la evaluación de la calificación final. La calificación final de la materia vendrá dada de la siguiente manera: de los 8 puntos correspondientes a la materia de Derecho penal, un mínimo de 6 corresponderán a la prueba objetiva a celebrarse en el día fijado para ello en el calendario académico oficial, y un máximo de 2 puntos vendrán dados por las calificaciones obtenidas en las diversas prácticas. Hay que obtener al menos la mitad de la puntuación en la prueba objetiva para que puedan añadirse las calficaciones obtenidas en las prácticas. Por su parte, de los 2 puntos correspondientes a la materia de Derecho administrativo, 1.5 corresponderán a la prueba objetiva que se celebrará en el día fijado en el calendario académico oficial, y los restantes 0.5 procederán de las calificaciones obtenidas en las diversas prácticas.